#porunaleyjusta NOVEDADES

Bajo este hashtag #porunaleyjusta, el ciclismo español ha estado unido para que cambiaran las leyes en la referencia a los accidentes y atropellos protagonizados por automóviles, donde el o los ciclistas se veían afectados.

Algo que clamaba al cielo ante la evidente injusticia que se hacía gala y la incongruencia inclusive en la redacción de los articulados. Dejando a las víctimas en clara indefensión y bajo el pie de las aseguradoras.
Pero no hablamos solo de ciclistas, hablamos de cualquiera que se viese afectado por un accidente o atropello causado por un automóvil.

Anna González

Antes de continuar hemos de nombrar a dos personas esenciales en todo este trabajo, sin los cuales muy posiblemente nunca hubiésemos llegado a este punto y lo que queda por delante. Una es Anna González, que no voy a explicar quién es y lo que ha supuesto para el mundo ciclista pues dudo que haya alguien que no lo sepa.

Ha sido la imagen de lo que no se ve. La imagen de los que se quedan cuando se sufre la muerte de un ser querido. Representa el dato estadístico de fallecidos por la violencia vial de los automóviles.

 

 

 

Alfonso Triviño

Y otra es Alfonso Triviño, abogado de la Asociación de Ciclistas Profesionales y secretario de la misma. Al cual conozco desde que a mediados de los 90, nos presentaron en la incipiente Comisión de Seguridad Vial, que creamos de forma independiente a las federaciones de ciclismo. Uniendo a distintas personas del mundo ciclista y preocupados por la centena de compañeros atropellados cada año por aquel entonces. Desde entonces nuestros caminos han recorrido sendas muy cercanas y le tengo un aprecio muy especial, el mismo que muchos de los ciclistas deberemos de tenerle por el impagable trabajo que ha llevado y lleva adelante.

 

El año 2015, el código penal sufrió una modificación sumamente importante que afectaría directamente a los accidentes de tráfico.

La principal es que despenalizaba las faltas (Artículo 142 del Código Penal). Anteriormente, estas faltas de tráfico se componían tanto de las infracciones graves con resultados de poca gravedad como, de las infracciones más leves con consecuencias más graves. El perjudicado podía interponer denuncia por vía penal y el juzgado incoa el correspondiente Juicio de Faltas. Y la maquinaria de la ley se ponía al servicio de la víctima. Acceso a un médico forense imparcial y perteneciente al juzgado, sin coste alguno y tenían acceso a un pronunciamiento del juez, tanto por la responsabilidad penal como por la civil.
A partir del 1 de julio del 2015 tan solo se admitirán denuncias por la vía penal por accidentes de tráfico en los que se haya cometido algún tipo de imprudencia muy grave.

¿Qué es muy grave? Las contempladas en los artículos 149 y 150 del código penal. Grandes lesionados, pérdidas de extremidades, deformidad, daños psíquicos, etc.

¿En qué consistía esa modificación?

En su momento esto traía consigo una descarga de los juzgados de denuncias que se producían de accidentes mínimos, que se interponían para resolver indemnizaciones que hubiese lugar.
Aspecto que en un principio se podía pensar lógico al no exigir a un juzgado de lo penal investigar aspectos mucho más simples que podían ir por vía civil.
Pero esto que parece algo lógico, en la práctico no fue así y ¿por qué?

La razón que esgrimimos desde el ámbito de las víctimas, llámense ciclistas o ciudadanos de a pié o inclusive, otros conductores de automóviles, es que quedarán impunes algunas conductas que pueden considerarse claramente imprudentes. Y debido a esa despenalización, para hacer valer tus derechos como víctima, te verás en la necesidad de ir a la vía civil

Y qué supone esta vía civil.

 

  • Hasta ahora era el médico forense del propio juzgado el que peritaba el estado de la víctima y su recuperación. A partir de ahora es la víctima la que tendrá que contratar un servicio médico pericial y pagarlo de su bolsillo. A sabiendas que tendrá presunción de veracidad el médico de la aseguradora.

  • Has de contratar los servicios de un procurador si el importe demandado supera los 2.000€.
  • Así como contratar un abogado.

  • Y no hablemos si al final el juez desestima tu reclamación y pierdes el juicio, pues tendrás que hacer frente a las costas del mismo. Aspecto que por vía penal no sucede.

  • Y estamos hablando de litigar contra una aseguradora y toda su maquinaria, la cual ha podido hacerte un oferta a la baja. Sabiendo que no vas a querer continuar por la vía civil por el riesgo que conlleva y que si no estás de acuerdo con la indemnización, el juicio se puede dilatar en el tiempo.

Al final optas con aceptar las “migajas” que te ofrecen. Resultado: La aseguradora sale ganando, ahorrando dinero, tiempo y recursos y, posiblemente tú quedas en un estado peor al anterior del accidente.

Resumen: Aparte de ser la víctima del accidente y quedar en un estado indeterminado, perder tiempo, calidad de vida y dinero por cuestión laboral y por el accidente en sí mismo. Recibes una compensación inferior a lo que te corresponde si fuese el estado quien defendiese tus intereses. Inclusive, puede que te veas en la obligación de pagar toda la maquinaria legal si pierdes el juicio.

Otro artículo que nos afectaba directamente era la Omisión del Deber de Socorro (Artículo 195 del Código Penal) y ¿por qué nos afecta?

Reunión DGT y Mesa Española de la Bicicleta (2017)

Ejemplo: Un conductor atropella a un grupo de ciclistas dejando en mal estado a uno de ellos. El conductor no se detiene y se da a la fuga. No existe la omisión de socorro debido a que la víctima no queda desamparada y en peligro manifiesto y grave. Como se puede leer en dicho artículo:

El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

Pues es atendido por el resto de compañeros. Igualmente sucede cuando la víctima fallece en el acto, debido a que ya no se puede hacer nada por su vida, o séase que no está “…en peligro manifiesto y grave.”

Ahora aparecen nuevos actores y articulados:

Imprudencia grave al volante que, ahora, abarca tres supuestos: cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se hace bajo la influencia de drogas, o bajo la influencia de alcohol.

Y cuando hablamos de la Omisión de Socorro, esta queda modificada:

En la nueva redacción se especifica que el abandono del lugar del accidente, cuando se ha cometido una imprudencia al volante, se sancionará con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel y la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años. Si se considerara que esta omisión de socorro es “fortuita”, se reducirá la pena a un máximo de seis meses, mientras que la retirada del carné podría ser de hasta dos años.

A continuación puedes leer los acuerdos que la Comisión de Justicia ha llegado. Ahora han de remitir a Pleno y posteriormente al Senado.

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE IMPRUDENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR O CICLOMOTOR Y SANCIÓN DEL ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE (122/114)

Las modificaciones a las que se ha llegado a un primer acuerdo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados son las que reflejamos directamente aquí:

Exposición de motivos

La presente Ley Orgánica responde a una importante demanda social, ante el incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, y se asienta sobre tres ejes:

1° La introducción de tres supuestos que se van a considerar imprudencia grave por disposición de ley, así como una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave.
2° El aumento de la punición de este tipo de conductas.
3° La introducción del delito de abandono del lugar del accidente.

Por lo que se refiere al primero, cabe señalar que esta modificación supone darle carta legal a la actividad que ya desde el Ministerio Fiscal y por la jurisprudencia se venía acordando, como resulta patente en la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado sobre seguridad vial y la consideración de conducción temeraria cuando concurra un riesgo concreto para la integridad de las personas, si concurren los requisitos del artículo 379 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Con ello se garantiza la mayor sanción para determinadas conductas particularmente graves con resultado de muerte, en particular cuando el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o exceso de velocidad. Se reconoce de forma expresa que existen determinadas circunstancias indicativas de una especial negligencia por parte del conductor y han de tener consideración inequívoca en las consecuencias penales como imprudencia grave.
El aumento de la punición de este tipo de conductas se propone a través de dos vías. Por un lado, la introducción de un nuevo artículo 142 bis. La redacción permitirá al Juez o Tribunal imponer la pena de hasta nueve años de prisión en caso de varios fallecidos, o fallecidos y heridos graves,causados por la imprudencia en la conducción de vehículos a motor.
Lo mismo sucede con la introducción del artículo 152 bis, que permite incrementar en un grado la pena cuando hubiera una pluralidad de personas que sufrieran las lesiones del artículo 152.1.2º o 3º, o de dos cuando ese número de lesionados fuera muy elevado.
Por otro lado, el aumento de la punición también se refleja en la introducción de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en un nuevo párrafo del artículo 382, complementaria de la ya prevista por la regla concursal que determina la aplicación de la pena del delito más grave en su mitad superior en los casos de producción de un resultado lesivo cuando concurra la conducción temeraria, prevista y penada en el artículo 381.
En tercer lugar, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma, dentro del Capítulo IV del Código Penal, dedicado a los delitos contra la seguridad vial, por entender que se trata de una conducta diferente y, esta vez sí, dolosa e independiente de la conducta previa imprudente o fortuita. Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico. Se busca evitar el concurso de normas entre este tipo penal y el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195.3 del Código Penal para los casos de lesiones a través de la previsión contenida en el texto, de subsidiariedad de este delito respecto del aquél, refiriéndolo a los casos de personas que sufran lesiones graves pero en las que no concurran los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la omisión del deber de socorro.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Se modifica la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los siguientes términos:

Uno. El artículo 142 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 142.

  1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.
    Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379determinara la producción del hecho.
    Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años.
    Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años.
  2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.
    Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal.
    Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses.
    El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Dos (nuevo). Se introduce un nuevo artículo 142 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 142 bis.

En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 152. 1. 2º o 3º en las demás, y en dos grados si el número de fallecidos fuere muy elevado.”

Tres (Antes Dos). El artículo 152 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 152.

  1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:

1° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.
2° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.
3° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.
Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años.
Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.

  1. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150, será castigado con una pena de multa de tres meses a doce meses.
    Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal.
    Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año.
    El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

​Cuatro (nuevo) Se introduce un nuevo artículo 152 bis, con la siguiente redacción:

​“Artículo 152 bis.

En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 152. 1. 2º o 3º a una pluralidad de personas, y en dos grados si el número de lesionados fuere muy elevado.”

Cinco (antes Tres). El artículo 382 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 382.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.
Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en este precepto en su mitad superior.”

​Seis (nuevo). Se introduce un nuevo artículo 382 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 382 bis.

  1. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente.
  2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.
  3. Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.”

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

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Acerca de César Acosta

Consultor en reglamentación vial ciclista y movilidad.
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