Modificación Código Penal

  • Nuevo delito: abandono del lugar del accidente: Se crea el nuevo delito de «abandono del lugar del accidente», con penas de 2 a 4 años de prisión en caso de que el accidente sea resultado de una imprudencia. En caso de que el siniestro fuera fortuito, de 3 a 6 meses de cárcel. Hasta ahora solo existía el delito de omisión del deber de socorro pero solo se apreciaba si la víctima estaba viva y no había otra persona que pudiera auxiliarla. La paradoja es que una fuga con fallecidos no era delito pero con lesionados sí podía serlo.
  • La imprudencia grave, automática: Si se comete un delito contra la seguridad vial causando fallecidos o heridos ésta conducta pasará automáticamente a ser considerada imprudencia grave. Las penas serán de entre 1 y 4 años de cárcel en caso de muerte y hasta 1 año en caso de lesiones. Hasta ahora el juez lo valoraba caso a caso y en muchas ocasiones este tipo de conductas no las consideraba imprudencia grave. Algunos de los delitos contra la seguridad vial más importantes son la conducción con drogas, alcohol a partir de 0,6 mg/l de aire espirado, exceso de velocidad de más de 60 km/h en ciudad y 80 km/h en carretera y conducir sin permiso.
  • Hasta 6 y 9 años de cárcel: Hasta ahora, a la imprudencia grave con resultado de muerte solo se le podía aplicar la pena máxima de cuatro años, fuera cual fuera el número de fallecidos. Ahora el juez “podrá” agravar la pena en un grado (hasta 6 años de prisión) si se causan como mínimo dos fallecidos o un fallecido y un lesionado muy grave (lesiones invalidantes). El juez podrá agravar la pena en dos grados (hasta 9 años de prisión) si los fallecidos son “muchos”. La norma no concreta cuántos serían esos “muchos”. Deberá apreciarlo el juez caso a caso.
  • Los siniestros menores vuelven a ser delito: Si se comete una infracción grave de la ley de Tráfico (adelantamiento prohibido, saltarse un semáforo o un stop, conducir manipulando el móvil, no guardar la distancia de 1,5 cuando se pasa a un ciclista, etc) con resultado de lesiones o muerte se considerará imprudencia menos grave. La pena es pequeña, de 3 a 6 meses de multa, pero eso es lo menos trascendente. Lo importante es que estos siniestros, la gran mayoría de los que se producen, vuelven a ser considerados delito y, por tanto, las víctimas pueden gozar de la protección que les otorga la legislación penal (abogado de oficio, la actuación de la fiscalía y los peritajes judiciales). Estas conductas eran consideradas falta dentro del Código Penal antes de la reforma llevada cabo por el PP en el 2015. La modificación legislativa eliminó las faltas derivando estos casos a la legislación civil, donde la víctima está desprotegida ante las aseguradoras.

Fuente DGT- Congreso

#porunaleyjusta NOVEDADES

Bajo este hashtag #porunaleyjusta, el ciclismo español ha estado unido para que cambiaran las leyes en la referencia a los accidentes y atropellos protagonizados por automóviles, donde el o los ciclistas se veían afectados.

Algo que clamaba al cielo ante la evidente injusticia que se hacía gala y la incongruencia inclusive en la redacción de los articulados. Dejando a las víctimas en clara indefensión y bajo el pie de las aseguradoras. Pero no hablamos solo de ciclistas, hablamos de cualquiera que se viese afectado por un accidente o atropello causado por un automóvil.
Anna González
Antes de continuar hemos de nombrar a dos personas esenciales en todo este trabajo, sin los cuales muy posiblemente nunca hubiésemos llegado a este punto y lo que queda por delante. Una es Anna González, que no voy a explicar quién es y lo que ha supuesto para el mundo ciclista pues dudo que haya alguien que no lo sepa. Ha sido la imagen de lo que no se ve. La imagen de los que se quedan cuando se sufre la muerte de un ser querido. Representa el dato estadístico de fallecidos por la violencia vial de los automóviles.      
Alfonso Triviño
Y otra es Alfonso Triviño, abogado de la Asociación de Ciclistas Profesionales y secretario de la misma. Al cual conozco desde que a mediados de los 90, nos presentaron en la incipiente Comisión de Seguridad Vial, que creamos de forma independiente a las federaciones de ciclismo. Uniendo a distintas personas del mundo ciclista y preocupados por la centena de compañeros atropellados cada año por aquel entonces. Desde entonces nuestros caminos han recorrido sendas muy cercanas y le tengo un aprecio muy especial, el mismo que muchos de los ciclistas deberemos de tenerle por el impagable trabajo que ha llevado y lleva adelante.   El año 2015, el código penal sufrió una modificación sumamente importante que afectaría directamente a los accidentes de tráfico. La principal es que despenalizaba las faltas (Artículo 142 del Código Penal). Anteriormente, estas faltas de tráfico se componían tanto de las infracciones graves con resultados de poca gravedad como, de las infracciones más leves con consecuencias más graves. El perjudicado podía interponer denuncia por vía penal y el juzgado incoa el correspondiente Juicio de Faltas. Y la maquinaria de la ley se ponía al servicio de la víctima. Acceso a un médico forense imparcial y perteneciente al juzgado, sin coste alguno y tenían acceso a un pronunciamiento del juez, tanto por la responsabilidad penal como por la civil. A partir del 1 de julio del 2015 tan solo se admitirán denuncias por la vía penal por accidentes de tráfico en los que se haya cometido algún tipo de imprudencia muy grave. ¿Qué es muy grave? Las contempladas en los artículos 149 y 150 del código penal. Grandes lesionados, pérdidas de extremidades, deformidad, daños psíquicos, etc. ¿En qué consistía esa modificación? En su momento esto traía consigo una descarga de los juzgados de denuncias que se producían de accidentes mínimos, que se interponían para resolver indemnizaciones que hubiese lugar. Aspecto que en un principio se podía pensar lógico al no exigir a un juzgado de lo penal investigar aspectos mucho más simples que podían ir por vía civil. Pero esto que parece algo lógico, en la práctico no fue así y ¿por qué?
La razón que esgrimimos desde el ámbito de las víctimas, llámense ciclistas o ciudadanos de a pié o inclusive, otros conductores de automóviles, es que quedarán impunes algunas conductas que pueden considerarse claramente imprudentes. Y debido a esa despenalización, para hacer valer tus derechos como víctima, te verás en la necesidad de ir a la vía civil Y qué supone esta vía civil.  
  • Hasta ahora era el médico forense del propio juzgado el que peritaba el estado de la víctima y su recuperación. A partir de ahora es la víctima la que tendrá que contratar un servicio médico pericial y pagarlo de su bolsillo. A sabiendas que tendrá presunción de veracidad el médico de la aseguradora.
  • Has de contratar los servicios de un procurador si el importe demandado supera los 2.000€.
  • Así como contratar un abogado.
  • Y no hablemos si al final el juez desestima tu reclamación y pierdes el juicio, pues tendrás que hacer frente a las costas del mismo. Aspecto que por vía penal no sucede.
  • Y estamos hablando de litigar contra una aseguradora y toda su maquinaria, la cual ha podido hacerte un oferta a la baja. Sabiendo que no vas a querer continuar por la vía civil por el riesgo que conlleva y que si no estás de acuerdo con la indemnización, el juicio se puede dilatar en el tiempo.
Al final optas con aceptar las «migajas» que te ofrecen. Resultado: La aseguradora sale ganando, ahorrando dinero, tiempo y recursos y, posiblemente tú quedas en un estado peor al anterior del accidente.
Resumen: Aparte de ser la víctima del accidente y quedar en un estado indeterminado, perder tiempo, calidad de vida y dinero por cuestión laboral y por el accidente en sí mismo. Recibes una compensación inferior a lo que te corresponde si fuese el estado quien defendiese tus intereses. Inclusive, puede que te veas en la obligación de pagar toda la maquinaria legal si pierdes el juicio. Otro artículo que nos afectaba directamente era la Omisión del Deber de Socorro (Artículo 195 del Código Penal) y ¿por qué nos afecta?

Reunión DGT y Mesa Española de la Bicicleta (2017)

Ejemplo: Un conductor atropella a un grupo de ciclistas dejando en mal estado a uno de ellos. El conductor no se detiene y se da a la fuga. No existe la omisión de socorro debido a que la víctima no queda desamparada y en peligro manifiesto y grave. Como se puede leer en dicho artículo:
El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.
Pues es atendido por el resto de compañeros. Igualmente sucede cuando la víctima fallece en el acto, debido a que ya no se puede hacer nada por su vida, o séase que no está «…en peligro manifiesto y grave.» Ahora aparecen nuevos actores y articulados: Imprudencia grave al volante que, ahora, abarca tres supuestos: cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se hace bajo la influencia de drogas, o bajo la influencia de alcohol. Y cuando hablamos de la Omisión de Socorro, esta queda modificada: En la nueva redacción se especifica que el abandono del lugar del accidente, cuando se ha cometido una imprudencia al volante, se sancionará con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel y la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años. Si se considerara que esta omisión de socorro es «fortuita», se reducirá la pena a un máximo de seis meses, mientras que la retirada del carné podría ser de hasta dos años. A continuación puedes leer los acuerdos que la Comisión de Justicia ha llegado. Ahora han de remitir a Pleno y posteriormente al Senado.
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE IMPRUDENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR O CICLOMOTOR Y SANCIÓN DEL ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE (122/114) Las modificaciones a las que se ha llegado a un primer acuerdo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados son las que reflejamos directamente aquí: Exposición de motivos La presente Ley Orgánica responde a una importante demanda social, ante el incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, y se asienta sobre tres ejes: 1° La introducción de tres supuestos que se van a considerar imprudencia grave por disposición de ley, así como una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave. 2° El aumento de la punición de este tipo de conductas. 3° La introducción del delito de abandono del lugar del accidente. Por lo que se refiere al primero, cabe señalar que esta modificación supone darle carta legal a la actividad que ya desde el Ministerio Fiscal y por la jurisprudencia se venía acordando, como resulta patente en la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado sobre seguridad vial y la consideración de conducción temeraria cuando concurra un riesgo concreto para la integridad de las personas, si concurren los requisitos del artículo 379 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Con ello se garantiza la mayor sanción para determinadas conductas particularmente graves con resultado de muerte, en particular cuando el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o exceso de velocidad. Se reconoce de forma expresa que existen determinadas circunstancias indicativas de una especial negligencia por parte del conductor y han de tener consideración inequívoca en las consecuencias penales como imprudencia grave. El aumento de la punición de este tipo de conductas se propone a través de dos vías. Por un lado, la introducción de un nuevo artículo 142 bis. La redacción permitirá al Juez o Tribunal imponer la pena de hasta nueve años de prisión en caso de varios fallecidos, o fallecidos y heridos graves,causados por la imprudencia en la conducción de vehículos a motor. Lo mismo sucede con la introducción del artículo 152 bis, que permite incrementar en un grado la pena cuando hubiera una pluralidad de personas que sufrieran las lesiones del artículo 152.1.2º o 3º, o de dos cuando ese número de lesionados fuera muy elevado. Por otro lado, el aumento de la punición también se refleja en la introducción de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en un nuevo párrafo del artículo 382, complementaria de la ya prevista por la regla concursal que determina la aplicación de la pena del delito más grave en su mitad superior en los casos de producción de un resultado lesivo cuando concurra la conducción temeraria, prevista y penada en el artículo 381. En tercer lugar, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma, dentro del Capítulo IV del Código Penal, dedicado a los delitos contra la seguridad vial, por entender que se trata de una conducta diferente y, esta vez sí, dolosa e independiente de la conducta previa imprudente o fortuita. Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico. Se busca evitar el concurso de normas entre este tipo penal y el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195.3 del Código Penal para los casos de lesiones a través de la previsión contenida en el texto, de subsidiariedad de este delito respecto del aquél, refiriéndolo a los casos de personas que sufran lesiones graves pero en las que no concurran los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la omisión del deber de socorro. Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Se modifica la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los siguientes términos: Uno. El artículo 142 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 142.
  1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379determinara la producción del hecho. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años. Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años.
  2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses. Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal. Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses. El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
Dos (nuevo). Se introduce un nuevo artículo 142 bis, con la siguiente redacción: “Artículo 142 bis. En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 152. 1. 2º o 3º en las demás, y en dos grados si el número de fallecidos fuere muy elevado.”
Tres (Antes Dos). El artículo 152 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 152.
  1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:
1° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147. 2° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149. 3° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150. Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho. Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años. Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.
  1. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150, será castigado con una pena de multa de tres meses a doce meses. Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal. Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año. El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
​Cuatro (nuevo) Se introduce un nuevo artículo 152 bis, con la siguiente redacción: ​“Artículo 152 bis. En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 152. 1. 2º o 3º a una pluralidad de personas, y en dos grados si el número de lesionados fuere muy elevado.” Cinco (antes Tres). El artículo 382 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 382. Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en este precepto en su mitad superior.” ​Seis (nuevo). Se introduce un nuevo artículo 382 bis, con la siguiente redacción: “Artículo 382 bis.
  1. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente.
  2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.
  3. Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.”
Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Bicicletas vs Canarias7

Artículo Canarias7

Ya he dicho en otras publicaciones a raíz de los cambios de movilidad que está habiendo en la ciudad de Las Palmas de G.C., tomándolo como ejemplo de lo que sucede en otras urbes españolas, que toda modificación del actual «status quo» genera un choque.

Hay cierto sector en todo cambio, que está contento de como están las cosas, aunque esas cosas estén mal, pues desde su punto de vista personal está en zona cómoda o eso cree y no desea modificación alguna.
Para muestra un botón. En este caso el artículo del propio director del periódico Canarias7 que realiza una crítica poco sustentable sobre la movilidad de la ciudad. Cayendo en los clásicos argumentos que vienen del mundo automovilista y que considera que el derecho al uso del automóvil privado está por encima del derecho de los que deciden a no usar el coche y a moverse de otra forma. Y además con una memoria histórica sumamente corta, al argumentar una tradición «cochista» del ciudadano de la capital de la provincia, como si de toda la vida el ciudadano se hubiese movido en su coche privado, aunque este fuese tirado por bueyes. Y mezclando la educación en la misma coctelera.
Canarias7: Y la tradición, la cultura y la educación en Canarias pasa por una movilidad que tiene en el vehículo privado su soporte clave.
Y ya para rematar y como he dicho anteriormente, saca el sobado tema de la falta de respeto de los ciclistas a las normas de tráfico, equiparando la bicicleta con el vehículo a motor. Y no voy a caer en el «y tu más» pues lo tendría sumamente sencillo y podría rebatir cualquier argumento actual o futuro que me hiciese un «cochista» contra la falta de respeto del reglamento de circulación por parte de ciclistas.
Igualar el saltarse un semáforo una bicicleta a un automóvil, dice muy poco del conocimiento sobre movilidad que tiene el autor de dicho artículo. No justifico, como es lógico y con la actual normativa, el saltarse el semáforo, otra cosa es que considere que la bicicleta, por los beneficios que genera a la totalidad de la sociedad, debería de tener unas prebendas para que sea mucho más atractivo el cambio de sistema de movilidad, sea superar semáforo en rojo en determinadas calles y con giros a derecha o el tener espacio adelantado en los semáforos y que éstos den paso a la bicicleta antes que al automóvil.
Pero volviendo al artículo es muy ilustrativo del miedo que genera el cambio de la movilidad en la ciudad lean un artículo que trato este tema. Una movilidad que actualmente vive una dictadura del automóvil y que la administración ha ido alimentando durante años, hasta que ha descubierto o se ha dado de bruces contra lo que ha supuesto el coste social que ha generado el uso extremo del automóvil. La ciudad de Las Palmas de G. C. tiene unos 700 coches por cada 1000 habitantes y ese automóvil mueve, en el 70% de los casos y en esos 1000 kg. de peso y 9 m2 de espacio que ocupa, a una sola persona ¿lógico? para desplazarse de media unos 5 km.
El autor no se da cuenta o no quiere, que el problema de la movilidad no la ha generado las bicicletas que «se saltan» el semáforo o que van por la acera usurpando el espacio al ciudadano de a pie. El problema lo ha generado el automóvil privado y su excesivo uso, la bicicleta si va por la acera, es por el miedo que ha creado el automóvil en la ciudad. 
Y si entramos en el análisis del medio de transporte y los costes que genera, el automóvil no saldría muy bien parado. Su uso afecta a la especulación urbanística, también a difuminar el entramado económico de las tiendas de barrio, cambiándolo por los macro centros comerciales para multinacionales con aparcamientos enormes. La construcción de las vías de circunvalación es una manera de ahorcar la ciudad y crea la posibilitar de la compra de viviendas en las áreas metropolitanas, con nuevos accesos creados a razón del mayor desplazamiento pendular (casa-trabajo-casa). Y si hablamos de los aspectos sanitarios que genera el automóvil ya no habría color. Tengamos en cuenta que los gastos sanitarios los pagamos todos y una sociedad que se mueva más en bicicleta o caminando, es una sociedad más sana. Y por último toquemos lo que nos cuesta el mantenimiento de toda una infraestructura automovilística que también hemos de pagar todos, tenga o no automóvil.
Y no entro en deshacer los argumentos de carné para ciclistas, impuestos o seguro. Para eso, quien quiera argumentarlo contra la bicicleta, ha de conocer la ley impositiva española o las razones de seguros o carné. ¡¡ Ah, se me olvidaba !! Cuando un ciclista colisione con un automóvil, mate a sus tres ocupantes, se dé a la fuga y cuando sea detenido arroje positivo en drogas y alcoholemia, entonces y solo entonces, podremos sentarnos a hablar sobre el peligro de las bicicletas.
A la postre, a veces y solo a veces, deseo que sigamos por los mismos senderos en lo que ha movilidad se refiere así, cuando en la ciudad no se pueda mover recordemos que: «Cualquier tiempo pasado fue mejor».

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Mesa Española de la Bicicleta – NOTA DE PRENSA

LA MESA ESPAÑOLA DE LA BICICLETA PRESENTA SUS ENMIENDAS A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL SIGUIENDO CON EL ESPÍRITU DE #PorUnaLeyJusta

Ante la tramitación en el Congreso de la reforma del Código Penal en materia de imprudencia y el abandono del lugar del accidente por aquéllos que estén implicados, la Mesa Española de la Bicicleta ha aportado a los distintos Grupos Parlamentarios una propuesta de mejora del texto inicial en forma de enmiendas que buscan corregir el texto de la Proposición de Ley.
Se está a día de hoy, debatiendo en el Congreso, las enmiendas a la Proposición de Ley de reforma del Código Penal, instada por Grupo Parlamentario Popular este verano y admitida a trámite en septiembre. La iniciativa es la respuesta del Grupo Parlamentario Popular, a la petición de Anna González expuesta en #PorUnaLeyJusta y que cuenta con el apoyo de todo el colectivo ciclista. Siendo una reforma en sí misma muy necesaria y positiva, posee carencias. Y para perfeccionarla ha de seguirse una tramitación por la que presenten enmiendas los distintos Grupos Parlamentarios para mejora del texto. Esas enmiendas serán sometidas a votación en el Congreso y buscarán modificar la reforma para hacerla más adecuada a una protección real de las víctimas de accidentes. Las diferentes partes interesadas llevan semanas de reuniones y trabajando para que los ponentes de la reforma del Código Penal, pertenecientes a todos los Grupos Parlamentarios, se pongan de acuerdo en un texto que acepte la mayoría de diputados, porque si no la reforma no llegará a ver la luz.
No obstante nos preocupa el hecho de que, sin haber estado en las negociaciones previas, también se ha sumado a la presentación de sus propias propuesta de enmiendas la asociaciónStop Accidentes, que es una de las asociaciones de víctimas de accidentes de circulación más representativas, mediadores habituales entre víctimas y aseguradoras, pero con un itinerario ajeno a la problemática ciclista. Aprovechando la circunstancia, Stop Accidentes ha entregado en el Registro del Congreso sus propuestas de enmienda, que no coinciden con las que #PorUnaLeyJusta pretendía sacar adelante.
Por su parte los diputados de Unidos Podemos han elaborado su propio borrador de enmiendas a la reforma del Código Penal y que, como se puede observar en el
documento adjunto, tampoco se ajusta a las demandas reales del colectivo ciclista.
La Mesa Española de la Bicicleta ha propuesto y ha hecho llegar a los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, unas enmiendas aportando también una comparativa entre las nuestras, las de Stop Accidentes y las de Unidos Podemos. Es un trabajo que busca solucionar las lagunas de la Proposición de Ley, para que los distintos Grupos Parlamentarios las asuman y consideren a fin de que sean aprobadas para mejora del texto. Pedimos a los ponentes encarecidamente, que si de verdad tienen la voluntad de llegar a acuerdos, utilicen este material y abandonen sus diferencias políticas.
También nos ha causado hondo pesar que el Fiscal de Sala de Seguridad Vial, don Bartolomé Vargas, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso que tuvo lugar el día 21 de febrero a la que fue citado como experto, niegue la necesidad de que “el que abandone a una persona tras causar un accidente tenga una respuesta en el Código Penal al estar previsto por la Ley de Seguridad Vial”, según sus palabras, que se sancione esa persona por vía administrativa a una multa de 200 euros. Con esa afirmación el Fiscal de Seguridad Vial manifiesta que no es partidario de la reforma, a pesar de que la conducta de fugarse merece el máximo de los reproches sociales. Básicamente las enmiendas de la Mesa pretenden concretar en qué consisten las imprudencias graves y menos graves de conductores de vehículos a motor, cuando causan muertes o lesiones constitutivas de delito. También se postula sancionar como delito específico el abandono del lugar de los hechos por el causante de un accidente, dejando a la víctima herida o muerta, porque se trata de proteger la integridad moral de la víctima, su dignidad, que es despreciada por el fugado tratándola como un mero objeto. Igualmente se propone que todos estos delitos sean perseguibles de oficio y castigados con penas más severas que las actuales.
La Mesa Española de la Bicicleta reivindica estos cambios, porque la cotidianidad de los accidentes de tráfico ha banalizado el deber de atención exigible a todo aquel que se pone a los mandos de un vehículo a motor. Y ha trivializado también, en la práctica judicial, el concepto de imprudencia a los mandos de un vehículo a motor, excluyendo de la misma, negligencias que aunque leves, son causantes de homicidios o de graves lesiones. La despenalización de estas conductas ha contribuido a que el conductor sea más despistado y, por tanto, más imprudente, a la vez que ha desprotegido penal y procesalmente a las víctimas.

La Mesa Española de la Bicicleta, con estas enmiendas, quiere solidarizarse con el espíritu de #PorUnaLeyJusta y pide a los Diputados las asuman y acuerden su aprobación definitiva.

Enlace a los documentos:
1- Proposición de Ley en tramitación parlamentaria (PP)

2-Enmiendas propuestas por la Mesa Española de la Bicicleta

3-Borrador de enmiendas de En Comú Podemos

4-propuestas de enmiendas presentadas por Stop Accidentes

5-diferencias más relevantes entre todas las propuestas

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Mesa Española de la Bicicleta – Nota de Prensa

Mesa Española de la BicicletaHace pocas fechas publicamos un artículo sobre el uso de las cámaras deportivas en la bicicleta. En el cual se hablaba de la posible grabación de incidencias con el tráfico y, en tal caso, cómo actuar.

A continuación les dejo la NOTA DE PRENSA publicada por la Mesa Española de la Bicicleta, a referencia del artículo.

La MESA NACIONAL DE LA BICICLETA, considera que los avances tecnológicos nos permiten estar más seguros, pero, a la vez más vulnerables. En relación con la campaña divulgativa sobre el uso de videocámaras por ciclistas, la Mesa se adhiere a la campaña de la Fundación Moure siempre que tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

La instalación de cámaras de videograbación en una bicicleta es de gran utilidad para el ciclista y es una actividad legal que, en principio, sirve para guardar el recuerdo del viaje y perfeccionar la técnica. Habida cuenta de la frecuencia con la que el ciclista es víctima de conductas antirreglamentarias por parte de otros conductores, el registro en video del trayecto puede incidentalmente servir también como prueba de una infracción legal en apoyo de una denuncia voluntaria hecha ante la autoridad competente.

Los datos registrados en un video están protegidos por la Ley de Protección de Datos y son datos todo aquello que sirva para identificar directa o indirectamente a una persona (su imagen y la del vehículo). Por tanto, se han de tener en cuenta las siguientes normas.

1.       No se puede instalar una videocámara con la finalidad confesa de grabar a posibles infractores. Se vulneraría la Ley de Videovigilancia.

2.       Se puede instalar la videocámara para uso propio. Si se quiere compartir la experiencia, un uso divulgativo (en internet o en una conferencia) del viaje realizado sólo se puede hacer previa edición del video en el que quede borroso cualquier dato identificativo de personas.

3.       Si, ocasionalmente, estando grabando el viaje, queda registrada una infracción legal o reglamentaria, puede utilizarse el video con dos finalidades distintas:

a.       Puede publicarse en internet como denuncia social de un hecho, pero en tal caso siempre editando el video para ocultar los datos del infractor y demás personas que aparecen en el video. La denuncia social es del hecho, no del infractor.

b.       Si lo que se desea es utilizar el video como prueba para una denuncia voluntaria contra un infractor no se debe editar el video, sino entregarlo en bruto a la autoridad competente.

La Mesa Española de la Bicicleta considera que estos son los criterios que debe seguir cualquier persona que, queriendo proteger la seguridad de los ciclistas y teniendo las pruebas para tramitar con éxito una denuncia, pueda hacerlo cumpliendo con la legalidad vigente.

Por tanto, cualquier persona física o jurídica puede presentar denuncias voluntarias que ha de cumplimentar unos requisitos obligatorios como es identificarse el denunciante con los datos precisos de nombre, dirección DNI o NIF, y describir someramente el hecho denunciado, lugar de la infracción (provincia, localidad, nombre de la vía y número de la misma, o nomenclatura de la carretera, punto kilométrico aproximado y sentido). Son datos imprescindibles para que prospere la denuncia.

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Grabar en bici ¿es legal?

 

Grabación en manillar

Grabación frontal

Grabar en bicicleta con cámara digital:

«Me he comprado una cámara deportiva y la utilizaré para colocarla en la bicicleta y grabar mis salidas en bici. Así, si tengo un incidente, podré utilizar la grabación para una posible denuncia, ¿puedo?»

Cada vez es más común el uso de cámaras deportivas en nuestras salidas en bici. En unas ocasiones, para simplemente grabar el recorrido, el paisaje, los amigos y en otras, para grabar el entrenamiento, la forma de pedaleo o la manera de montarnos en la bici para perfeccionar el posicionamiento o…por seguridad. Todas estas formas son correctas y lícitas y no tienen problema alguno; siempre y cuando, las imágenes, en las que aparecen personas anónimas, que no han dado su permiso para la grabación de su imagen, no sean mostradas públicamente. Solo pueden ser utilizadas, exclusivamente, para consumo personal en entorno privado y menos aún, con interés económico.

Qué dice la ley

Primero hemos de entender que estamos ante un tema algo complejo y farragoso. Así mismo, es un aspecto que puede soportar diferentes interpretaciones e incluso, la propia Agencia de Protección de Datos, llega a confundir o a no cubrir ciertos aspectos y que, día a día, surgen nuevas situaciones no contempladas aún.

Aquí pueden descargar una guía de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos)

Grabación frontal

Adaptación de cámara digital

¿Qué es dato personal?

«El concepto de dato personal incluye las imágenes cuando se refieran a personas identificadas o identificables. Por ello, los principios vigentes en materia de protección de datos personales deben aplicarse al uso de cámaras, videocámaras y a cualquier medio técnico análogo, que capte y/o registre imágenes, ya sea con fines de vigilancia u otros en los supuestos en que:

Exista grabación, captación, transmisión, conservación o almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real o un tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas. Tales actividades se refieran a datos de personas identificadas o identificables.»

Como usar las imágenes

Para poder hacer uso de estas imágenes de forma pública se ha de cumplir con:

  • Se cuente con el consentimiento del titular de los datos personales.
  • Una norma con rango de Ley exima del consentimiento, como en los casos previstos por la Ley de Seguridad Privada o en el del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores.
  • Se dé alguna de las circunstancias previstas por el artículo 6.2 LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) u 11.2 LOPD que resulten de aplicación a este tipo de medios.
  • Artículo 6 (LOPD). Consentimiento del afectado. 1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Como hemos podido leer y comprobar, las grabaciones en ambiente exterior, graba también datos de carácter personal como pueden ser caras de personas, matrículas, lugares privados o de atención especial, por tanto estas imágenes no pueden ser públicas sin recibir un tratamiento determinado.

cámara frontal

Cámara en casco de ciclista

¿Podría grabar el recorrido ciclista?

Pues la respuesta es SI. Sin ningún tipo de limitación, siempre y cuando, se haga uso de las imágenes para su proyección y visión en el ámbito privado y nunca en un lugar público o en cualquier red social.

Si durante mi recorrido en bicicleta, grabo un incidente donde se vea involucrado un automóvil a motor, ¿podría usar esa imagen para presentar una posible denuncia voluntaria?

Consulta el artículo sobre Denuncias Voluntarias

Vamos a explicarlo más detalladamente:

  • Si la grabación ha sido durante el recorrido en bici, puedo usarla para presentar ante las autoridades de tráfico, para denunciar el incidente. La he de utilizar tal y como fue grabada, sin manipulación digital alguna. Y se explica que se realizó de forma casual, durante el recorrido en bici, cuya grabación es para uso personal.
  • Quiero exponerla en una red social. Lo podré hacer, siempre y cuando borre todos los aspectos personales, caras y matrículas, pues son datos de carácter privado. A no ser, claro está, que hayan dado su autorización escrita.

Según la web ciclojuristas.org, compañeros en la Mesa Española de la Bicicleta, afirma lo siguiente:

En una consulta de 2016 hecha por un motorista que quería instalar una videocámara en su moto, la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) contestó lo siguiente:

La normativa de protección de datos no es de aplicación a los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
En el caso planteado, se podría aplicar la excepción doméstica y realizar la grabación de los viajes, siempre y cuando dicha grabación fuese para uso estrictamente personal.
No obstante, si por ejemplo, las grabaciones se publicasen en Internet, supondría un desvío de la finalidad doméstica, por lo que sí sería de aplicación la normativa de protección de datos personales.

Cámara grabación deportiva

Cámara con protector

Resumiendo

Puedo instalar una cámara en mi bicicleta y grabar mi recorrido en bici para visionar el entreno, el paisaje, la ruta o a los compañeros o a un pupilo que entreno.

Si en el transcurso de dicha grabación y por casualidad, grabase un incidente de tráfico y lo compruebo al visionar las imágenes, puedo hacer valer el derecho de una denuncia voluntaria.

Una denuncia voluntaria es la denuncia ante la autoridad pertinente, Guardia Civil o Policía Local, dependiendo si la vía es de propiedad estatal/autonómica o municipal, en la que es el ayuntamiento dueño de la vía.

Si presento esa denuncia, la grabación ha de ser entregada intacta y tal y como fue grabada, sin manipulación alguna y en un soporte físico (pendrive, cd), conjuntamente a la denuncia voluntaria.

Les recuerdo que es posible realizar denuncia voluntaria, no solo las personas físicas, sino también las jurídicas (clubes de ciclismo, asociaciones, federaciones o empresas).

Nota sobre sentencia del Tribunal Supremo que anula el artículo 10 de la LOPD

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Grabaciones con cámara –
CC by 4.0 -César Acosta Lantigua